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16/02/2015 – Artículo publicado previamente en el blog “EE.UU. y mercados emergentes” de CincoDías.com

Según el Ranking de Competitividad del World Economic Forum (2013 y 2014), el desarrollo de las Telecomunicaciones es uno de los pilares esenciales para la construcción de la economía del conocimiento. Las Telecomunicaciones son el sustrato sobre el cual se construye el edificio económico, empresarial y social, que alcanza su mayor altura cuando posibilita que las Tecnologías de la Información lleguen a las pymes –para hacerlas más productivas y competitivas- y a la población general, para que esté más conectada e informada.

Es tan importante lo que suceda en el sector de las Telecomunicaciones, que acapara primeras páginas de los periódicos, es motivo de atención por parte de los poderes públicos y políticos y se convierte en objeto de regulación, a veces excesiva. En Estados Unidos hay gran revuelo con la llamada “neutralidad en la red”, que quiere impulsar el presidente Obama, afectando de lleno a las operadoras de Telecomunicaciones. En Capitol Hill (donde tiene sede el Congreso norteamericano) hay fuertes debates sobre si tiene que haber o no, “un Internet de dos velocidades”. Curiosamente, sobre las operadoras de Telecomunicaciones se aúpan los gigantes de Internet, que no tienen que hacer la inversión en redes que sí han hecho sus homólogas de Telecos, y se despierta la polémica entre las ATT, Verizon, y los Google, Amazon, Apple y Facebook de turno. Las empresas de Internet se benefician de las inversiones que han hecho las operadoras, y esto es objeto de debate en Norteamérica.

También lo es el desfase que hay entre la concentración de pocos operadores de Telecomunicaciones en Estados Unidos, versus la enorme atomización que se observa en el continente europeo. Como en otros mercados –regla de oro del capitalismo-, toda vez que se alcanza cierto grado de desarrollo en un sector de actividad, se tiende a la concentración (“The making of global Capitalism”, “The endless crisis” o “The ascent of money”, “Why nations fails”, entre otras crónicas recientes del Capitalismo). Lo vemos en Reino Unido: EE con BT, O2 con Hutchinson. También en España: Vodafone con ONO, y Orange con Jazztel. Telefónica, por ahora, se mantiene exitosamente al margen de esos procesos. Es uno de los motivos por los que Fortune la declaró en 2014 como la operadora de Telecomunicaciones más reputada fuera de Estados Unidos, y Advice la identificó como la empresa más exitosa de España conforme a los veinticinco parámetros del éxito empresarial.

En mi época se estudiaba el Derecho Internacional Comparado. Llama la atención poderosamente que la regulación de fibra óptica en España –versus la de otros países similares- sea mucho más restrictiva y dañosa para el llamado operador dominante, que en Francia, Portugal o Polonia. La cuestión no es baladí. Las operadoras de Telecomunicaciones han hecho del despliegue de su fibra óptica la piedra angular de sus estrategias de negocio. La justicia  -en su concepto clásico de “darle a cada uno lo suyo” o “ius suum cuique tribuendi”- ha de tener en cuenta que no se pueden hacer agravios comparativos, ni en la relación de unos con otros –justicia recíproca-, ni en la que regula el bien común –justicia distributiva-. Todos estos principios saltan por los aires cuando se aprecia el trato negativo que recibe Telefónica si sale adelante la regulación más estricta de Europa en cuanto a la fibra óptica, que podría obligar a la operadora española a abrir su red a sus competidores, sin que haya contrapartida por parte de ellos. Esto situaría a Telefónica en una situación de inferioridad de condiciones, derivada de una -extraña y sin precedentes-, situación de inseguridad jurídica.

Las leyes no deberían ir en contra del progreso económico de las sociedades, antes al contrario. Y la regulación de los mercados debería ser acorde con este principio: fomentar el desarrollo económico y social.

Telefónica ha invertido 10.000 millones de euros en redes de nueva generación entre 2009 y 2013. Ningún otro operador ha hecho algo similar en España. Tampoco hay ningún otro sector de actividad en que una empresa privada haya invertido tanto dinero en el desarrollo de un servicio o producto. Máxime, cuando va dirigido al beneficio de la población general.

En 2014, Telefónica llegó a cinco millones de hogares con su red de fibra óptica de nueva generación. Otros cinco millones habían sido positivamente impactados en 2013 y, de cumplirse los planes de la operadora digital, este año 2015, llegaría a otros diez millones adicionales de hogares, cubriendo el 80% del mercado. Telefónica es una empresa privada que, además, es española. El sentido común y los principios de libre empresa y economía de libre mercado dicen que debería dejarse actuar a Telefónica con la misma libertad con que operan Vodafone y Orange en España o, en sus países de origen, Vodafone en Reino Unido y Orange en Francia. La reciprocidad es un principio esencial en la justicia y en el derecho.

Desde un punto de vista económico, España quiere ser una economía del conocimiento, con menos peso del ladrillo, y más influencia de las tecnologías de la información, como sucede en Estados Unidos, que aportan el 70% del PIB. La Agenda Digital del Gobierno de España, en línea con la Agenda Digital Europea, ponen en el centro del desarrollo de la economía y la sociedad, el impulso de la fibra óptica y que una mayoría de la población tenga acceso a la banda ancha. España, a pesar de la crisis de 2009-2013, sigue siendo una de las economías más desarrolladas del mundo. Para seguir creciendo, para afianzar la recuperación económica, debe seguir invirtiendo en las Tecnologías de la Información, para las empresas y para los hogares e individuos. La Agenda Digital deja claro el papel central de la fibra óptica, a la hora de conseguir ese objetivo.

Dentro de las leyes de la economía de libre mercado, no deberían imponérsele a Telefónica regulaciones que vayan en contra del desarrollo de la sociedad de la información. Siendo Telefónica el principal actor del mercado, lo que le suceda a ella, tiene el calificativo de sistémico, en España, y en muchos de los países en los que opera.

Los medios de comunicación se han hecho eco de noticias según las cuales Telefónica podría ralentizar o reducir su ritmo de inversión, consecuencia de la excesiva regulación, con los consiguientes negativos impactos para la economía y el empleo. España no se lo puede permitir, ahora que vemos la luz al final de la crisis económica. El bien común de la sociedad está por encima de cualquier consideración y esto impone que Telefónica no esté sujeta a regulaciones restrictivas, sino a las leyes abiertas del mercado que benefician a los consumidores.